La futura Ley de Regulación del Mercado de Créditos de Carbono podría redefinir la forma en que Bolivia aprovecha su patrimonio ambiental y distribuye los recursos derivados de la conservación de los bosques. Bajo esa premisa, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó que las gobernaciones, municipios y pueblos indígenas tengan un rol definido y reciban beneficios directos dentro del nuevo sistema nacional.
Durante la socialización del proyecto de ley realizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Velasco presentó observaciones y propuestas técnicas elaboradas junto a los equipos especializados de la Gobernación, con el objetivo de fortalecer la norma y asegurar que las Entidades Territoriales Autónomas participen tanto en la administración como en los beneficios económicos que genere el mercado de carbono.
Para la autoridad, la iniciativa representa una oportunidad estratégica para diversificar la economía boliviana mediante la conservación de los bosques y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
«No es una ley más. Es una ley muy importante que puede marcar el inicio de una nueva etapa para el futuro económico del país. Es aquí donde se decide quién se sienta en la mesa del mundo cuando empiecen a pagarse los créditos de carbono, y Bolivia tiene que estar en esa mesa», afirmó Velasco.
El gobernador recordó que Santa Cruz concentra aproximadamente 15 millones de hectáreas de áreas protegidas, un activo ambiental que, acompañado por un marco legal adecuado, puede transformarse en una fuente permanente de desarrollo económico sin depender del extractivismo ni de la explotación de recursos naturales no renovables.
Gobernaciones con funciones definidas
Entre las principales observaciones al proyecto, Velasco propuso que la ley establezca de forma expresa las responsabilidades de las gobernaciones en la coordinación territorial, el monitoreo, la certificación, la asistencia técnica y la ejecución de proyectos jurisdiccionales relacionados con los créditos de carbono. Además, planteó que los departamentos puedan desarrollar sistemas propios interoperables con la plataforma nacional.
«En la ley se reconoce que los departamentos somos actores del sistema, pero el reconocimiento no basta. Es necesario definir cómo participamos, cuáles son nuestras funciones y qué instrumentos tendremos para cumplirlas», señaló.
Un mecanismo transparente para repartir los recursos
Otro de los ejes de la propuesta consiste en incorporar un capítulo exclusivo para las Entidades Territoriales Autónomas que establezca criterios claros para distribuir los ingresos generados por el mercado de carbono.
Velasco explicó que no se pretende fijar porcentajes invariables, sino diseñar un mecanismo técnico, transparente y flexible que permita asignar los recursos de acuerdo con el aporte que realicen departamentos, municipios y pueblos indígenas en la conservación, protección y certificación de los bosques.
«Necesitamos saber quién recibe, cuánto recibe, cuándo recibe y bajo qué criterios. La distribución debe ser justa, técnica y consensuada», sostuvo.
La autoridad añadió que este nuevo mercado puede convertirse en una alternativa para fortalecer las finanzas de las gobernaciones, especialmente en un escenario donde las fuentes tradicionales de ingresos muestran una tendencia a la disminución.
Una oportunidad que Bolivia no debería dejar pasar
En la parte final de su intervención, Velasco comparó el momento que atraviesa el país con la experiencia del litio y advirtió que la demora en aprobar la norma podría significar perder una nueva oportunidad de desarrollo.
«Así como el tren del litio se nos escapó, el tren de los créditos de carbono también puede pasar de largo si no actuamos a tiempo. Cada mes que pasa sin esta ley, perdemos los departamentos, pierden las comunidades indígenas y pierde Bolivia», manifestó.
Finalmente, el gobernador reiteró la disposición de la Gobernación de Santa Cruz para trabajar de manera coordinada con la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Gobierno nacional y las demás instituciones involucradas, con el propósito de construir una ley que permita aprovechar de forma responsable el potencial ambiental del país y convertir la protección de los bosques en una fuente sostenible de desarrollo para todos los bolivianos.
