El Gobierno plantea tres ejes para ordenar las reglas de inversión en Bolivia, atraer capital nacional y extranjero y coordinar la gestión pública. El proyecto ya está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y fue socializado con empresarios, regiones, sectores productivos, gremiales e incluso trabajadores.
El Gobierno de Rodrigo Paz quiere cambiar la forma en que Bolivia administra y promueve las inversiones. El Proyecto de Ley de Inversiones, que ya fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), plantea tres ejes centrales: normalizar la inversión como parte de la actividad económica, garantizar seguridad jurídica y ordenar la normativa vigente.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, explicó que la propuesta fue construida después de un proceso de socialización con regiones, sectores empresariales, empresas formales, pequeñas y medianas empresas, sectores extractivos e industriales, gremiales y la Central Obrera Regional de El Alto.
La apuesta es que invertir deje de ser una excepción
El primer eje busca que la inversión vuelva a ser un componente habitual de la economía boliviana. Para ello, el proyecto plantea un sistema de incentivos orientado a generar previsibilidad, confianza, estabilidad y seguridad para los inversionistas, especialmente extranjeros, pero sin vulnerar la Constitución Política del Estado.
“La inversión tiene que ser un elemento normal de la vida económica”, afirmó Espinoza al explicar el alcance de la propuesta.
La intención del Gobierno no se limita a establecer reglas para el corto plazo. Según el ministro, el esquema está pensado para que pueda orientar la política de inversiones durante los próximos 20 a 30 años.
Seguridad jurídica sin reformar la Constitución
El segundo eje parte de una revisión de los límites y derechos relacionados con la inversión establecidos en la Constitución. Según la explicación del Gobierno, ese marco habría sido distorsionado en determinados momentos por interpretaciones que generaron incertidumbre y abusos contra la inversión, especialmente en el contexto de las nacionalizaciones realizadas durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El proyecto busca establecer condiciones de seguridad jurídica, igualdad ante la ley, previsibilidad y estabilidad para los inversionistas.
La premisa oficial es otorgar un trato de buena fe desde el Estado boliviano sin necesidad de modificar la Constitución.
Un Sistema Nacional de Inversiones para ordenar al Estado
El tercer eje apunta a reorganizar la normativa existente y utilizarla como base para construir un Sistema Nacional de Inversiones.
Este mecanismo tendrá la tarea de evaluar de manera permanente el desarrollo de las inversiones y funcionará de forma complementaria a la Agencia Nacional de Inversiones.
La propuesta también busca coordinar a las instituciones públicas involucradas en la atención de inversiones, desde el nivel central del Estado hasta las gobernaciones. El objetivo es que la promoción y regulación de proyectos sigan una estrategia común y no funcionen de manera aislada.
No habrá privilegios, pero sí reglas más previsibles
Espinoza sostuvo que los incentivos previstos no estarán diseñados para conceder privilegios a determinados inversionistas. La apuesta será generar condiciones de estabilidad, confianza y previsibilidad.
“El Estado regula de manera racional con reglas claras que evitan cualquier tipo de abusos”, afirmó el ministro.
El proyecto, por tanto, no solo busca atraer capital. Su alcance también está en ordenar las reglas, coordinar a las instituciones públicas y reducir la incertidumbre que puede influir en las decisiones de inversión nacional y extranjera.
Ahora la propuesta deberá avanzar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se definirá su tratamiento y eventual aprobación.
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