Bolivia enfrenta una brecha que ya no es solo económica, sino también de tiempo. Mientras productores, industriales, comerciantes y transportistas necesitan respuestas inmediatas para mantener sus actividades, las decisiones públicas avanzan a un ritmo que, según la CAO y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, ya no corresponde con la velocidad de la crisis.
En un pronunciamiento conjunto emitido este 14 de agosto, ambas instituciones plantean una imagen que resume su diagnóstico: Bolivia tiene dos relojes y ambos están marcando horas distintas.
Uno es el de la economía real. Allí, un camión detenido acumula pérdidas cada hora, una siembra que no recibe combustible a tiempo puede perderse y una planta industrial sin insumos puede detener sus operaciones el mismo día.
El otro es el reloj del Estado. En ese circuito, un decreto espera su reglamento, el reglamento aguarda una resolución y una ley permanece pendiente de tratamiento. Para el sector productivo, esa diferencia de velocidad ayuda a explicar por qué la emergencia continúa.
El problema ya no es saber qué ocurre, sino cuánto se tarda en actuar
La CAO y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz sostienen que el diagnóstico de la crisis es conocido desde hace más de nueve meses. Por eso, consideran que seguir describiendo las causas ya no alcanza.
“Lo que falta no es información, lo que falta es velocidad”, señala el pronunciamiento.
La preocupación trasciende a Santa Cruz. Las entidades aseguran que la situación afecta a una cadena productiva que alcanza al comerciante de Oruro, al industrial de Cochabamba, al transportista de Potosí y al pequeño empresario de El Alto que todavía no recuperó el capital perdido durante mayo.
El planteamiento central es que la economía real necesita pasar de los anuncios a la ejecución.
Combustible y producción de alimentos están conectados
Uno de los puntos más urgentes es el abastecimiento de diésel. Según el documento, aunque la norma ya fue firmada y su reglamento fue emitido semanas atrás, los surtidores de Santa Cruz reciben apenas el 30% del combustible que necesita el departamento.
La dimensión del problema aumenta al mirar su impacto sobre la producción de alimentos.
El sector agropecuario consume aproximadamente el 16% del diésel, pero genera el 77% de los alimentos que Bolivia necesita. Para el sector productivo, cualquier interrupción en el abastecimiento puede trasladarse directamente al calendario agrícola y, posteriormente, al mercado.
La situación también expone la dependencia energética del país. Bolivia importa 9,5 de cada 10 litros de diésel, mientras continúa pendiente una política de Estado para los biocombustibles.
Por eso, el sector empresarial plantea simplificar las autorizaciones y publicar los volúmenes de combustible despachados por región y por día.
La lógica es directa: garantizar el abastecimiento no debería depender de nuevas firmas cuando las normas existentes ya están aprobadas.
El costo de los bloqueos todavía no terminó
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es el impacto de los 50 días de bloqueos.
Las instituciones advierten que sus consecuencias no pueden medirse únicamente con las estadísticas mensuales. Hay capital que no regresó, contratos que se perdieron, mercados que fueron ocupados por competidores y empresas que redujeron su personal hasta la mitad.
El impacto, sostienen, es especialmente fuerte para las pequeñas empresas, que tienen menos capacidad para absorber varios meses de pérdidas.
El mensaje empresarial es que la crisis no terminó cuando terminaron los bloqueos. Parte de sus efectos continúa presente en las decisiones de inversión, empleo y producción.
La Ley de Inversiones necesita rapidez, pero también correcciones
El sector productivo también pone la mirada sobre la Ley de Inversiones.
El proyecto ya ingresó a la Asamblea Legislativa, pero actualmente compite con otros tres proyectos, todavía no fue radicado en comisión y no cuenta con una fecha definida para su debate.
La CAO y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz señalan que realizaron un análisis de sus 103 artículos y detectaron aspectos que deberían corregirse antes de su aprobación.
El planteamiento no es aprobar más rápido a cualquier costo.
La urgencia, advierten, no debe transformarse en improvisación. Una norma con problemas previsibles que posteriormente termine enfrentando disputas judiciales podría reproducir la misma incertidumbre que pretende resolver.
La energía no puede esperar otros cinco o diez años
El pronunciamiento también advierte sobre una urgencia de mayor alcance: la situación de los hidrocarburos, la minería y la electricidad.
Según el sector productivo, una reforma energética necesitaría al menos cinco años para comenzar a mostrar resultados y hasta diez años para estabilizar la producción.
La conclusión es contundente: las decisiones que Bolivia posterga hoy tendrán un costo económico mañana.
Por eso, las entidades piden al Legislativo establecer un calendario de trabajo y cumplirlo, dejando de lado las pugnas políticas que, a su criterio, continúan retrasando decisiones necesarias para el país.
La inversión necesita algo más que una nueva ley
Para la CAO y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, aprobar una legislación moderna no será suficiente si Bolivia no logra construir condiciones estables para producir e invertir.
El capital, sostienen, necesita un entorno donde existan combustible, dólares, caminos abiertos y reglas claras de manera sostenida.
Ese punto cambia el foco del debate. El problema no sería únicamente qué norma aprobar, sino si el país puede demostrar que sus instituciones y su economía tienen capacidad para cumplir lo que establecen las normas.
El sector productivo dice que puede hacer más
El pronunciamiento también reivindica el papel de quienes producen y generan empleo.
Las entidades aseguran que existen posibilidades de aumentar la producción sin incorporar nuevas hectáreas y de generar más divisas de las que produjo el gas durante su mejor etapa.
Pero condicionan ese potencial a una premisa básica: contar con las condiciones necesarias para trabajar.
El mensaje final es, por tanto, una demanda de ejecución más que de nuevos anuncios.
“Falta que el Estado ponga su reloj a la hora del país”, concluyen.
La unidad entre el agro, la industria, el comercio y los servicios aparece así como una de las principales señales que el sector privado considera necesarias para enfrentar la coyuntura.
Porque, en esta lectura, el problema de Bolivia no es solamente que tenga poco tiempo. Es que cada hora de diferencia entre las necesidades de la economía y la respuesta del Estado puede convertirse en producción perdida, inversión postergada, empleo afectado y oportunidades que no regresan.
