La Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales reunió en Cochabamba a 59 organizaciones del país y concluyó con una agenda nacional que plantea medidas urgentes para proteger la producción, el empleo, la inversión privada y la libre transitabilidad, además de una mayor participación del sector privado en las decisiones económicas.
La seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la libre transitabilidad fueron identificadas como las condiciones indispensables para reconstruir el aparato productivo boliviano. Esa fue la principal conclusión de la Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales, realizada en Cochabamba, donde 59 entidades nacionales y departamentales consensuaron una posición conjunta frente a la actual coyuntura económica.
El encuentro congregó a representantes de sectores estratégicos como turismo, oleaginosas, comercio, industria, exportadores, despachantes de aduana, gastronomía, transporte, agropecuaria, servicios, construcción, minería, energía, hidrocarburos y federaciones empresariales departamentales.
Durante la jornada, los líderes empresariales coincidieron en que recuperar la confianza para invertir y producir pasa por garantizar reglas claras, respeto a la institucionalidad y condiciones que permitan el normal funcionamiento de la actividad económica. En ese sentido, sostuvieron que proteger la libre empresa y asegurar la transitabilidad son factores determinantes para preservar el empleo y fortalecer la economía nacional.
Uno de los principales acuerdos establece que el sector privado debe participar de manera activa y permanente en el diseño de las políticas económicas, considerando que las empresas, sus trabajadores, las cadenas de abastecimiento y las inversiones enfrentan directamente las consecuencias de las decisiones estatales. Por ello, propusieron institucionalizar mecanismos formales de consulta, coordinación y seguimiento entre el Gobierno y el aparato productivo.
La agenda presentada también plantea crear un mecanismo permanente y vinculante de coordinación público-privada para la elaboración de leyes, decretos y medidas económicas que impacten a los sectores productivos y las regiones.
Entre las propuestas prioritarias figura la implementación de un Plan de Emergencia Económica orientado a preservar empresas en riesgo mediante acciones enfocadas en la protección de inversiones, el acceso a financiamiento y liquidez, alivios tributarios y arancelarios, créditos fiscales compensatorios, eliminación de multas correspondientes a la presente gestión, simplificación de trámites y fortalecimiento de las compras y contrataciones estatales para impulsar la reactivación empresarial.
Los representantes empresariales también señalaron que la libre transitabilidad debe asumirse como una política de Estado debido a su impacto directo sobre la producción y el abastecimiento. Consideran indispensable garantizar la protección de carreteras, corredores logísticos, rutas de abastecimiento, accesos a plantas de combustible, centros industriales, mercados, aeropuertos y zonas logísticas, recordando que las interrupciones recientes provocaron pérdidas económicas, mayores costos logísticos, caída de ventas, afectación al empleo y desabastecimiento.
Como resultado del encuentro, el empresariado nacional definió una hoja de ruta con dos horizontes. El primero contempla medidas inmediatas para estabilizar la economía mediante mayor disponibilidad de diésel, liquidez, financiamiento, reducción de costos logísticos y continuidad operativa. El segundo propone reformas estructurales enfocadas en fortalecer la seguridad jurídica, promover la inversión privada, impulsar una reforma tributaria, modernizar el régimen laboral, desarrollar infraestructura logística, mejorar el acceso a energía y agua, incentivar la innovación, crear zonas económicas y avanzar en la desburocratización.
Las conclusiones serán sistematizadas en un documento que será presentado a las instancias públicas competentes con el propósito de impulsar una agenda nacional de reconstrucción productiva basada en la coordinación entre el sector público y privado.
Con este pronunciamiento, el empresariado boliviano plantea que la recuperación económica depende de garantizar seguridad jurídica, estabilidad normativa, financiamiento, liquidez, libre transitabilidad y una participación institucional efectiva del sector privado en la definición de las políticas económicas del país.
