La escalada de conflictos en rutas estratégicas mantiene bajo presión a Cochabamba, con un impacto acumulado de Bs 694,6 millones, afectando producción, comercio, transporte y logística en uno de los principales nodos de articulación económica del país.
La creciente conflictividad social en Bolivia vuelve a golpear con fuerza a la economía. Cochabamba registra una afectación acumulada de Bs 694,6 millones y pérdidas diarias estimadas en Bs 34,8 millones, como consecuencia de los bloqueos que persisten en rutas clave de conectividad nacional e interdepartamental.
El reporte difundido este 13 de mayo por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advierte que las restricciones se concentran principalmente en el eje La Paz–Oruro–Cochabamba, considerado uno de los corredores logísticos más importantes del país por su rol estratégico en el traslado de alimentos, combustibles, insumos productivos y mercancías.
Hasta la fecha, Cochabamba acumula 311 conflictos y protestas sociales, además de 17 días efectivos de bloqueo, una situación que impacta directamente sobre la producción, el comercio, el transporte de carga y pasajeros, la agroindustria y los servicios.
La posición geográfica del departamento convierte a Cochabamba en un punto neurálgico para la articulación económica nacional. Por ello, cada interrupción en sus rutas de conexión genera efectos en cadena que van más allá del ámbito regional y repercuten en todo el aparato productivo boliviano.
Según el análisis empresarial, cada jornada de bloqueo incrementa los costos operativos, reduce la eficiencia logística, altera la programación de entregas y genera presión sobre los precios, además de afectar la movilidad laboral y provocar deterioro en productos perecederos retenidos en carretera.
Los sectores más expuestos son el transporte pesado, comercio mayorista, producción alimentaria, manufactura, agroindustria, distribución urbana y servicios empresariales, rubros que dependen de una conectividad fluida para garantizar tanto el ingreso de insumos como la salida de productos terminados.
La FEPC advierte además riesgos inmediatos como desabastecimiento selectivo de alimentos, combustibles, medicamentos, repuestos e insumos productivos, así como una creciente presión inflacionaria derivada del encarecimiento del transporte y la menor disponibilidad de bienes.
Desde el sector empresarial se insiste en que la libre circulación interdepartamental es una condición esencial para preservar el abastecimiento, proteger el empleo, sostener la actividad productiva y evitar un mayor deterioro de la competitividad logística del país.
