El financiamiento del Banco Mundial cubrirá transferencias vinculadas al Bono PEPE, el Bono Juana Azurduy y otros programas sociales. La ley también establece informes semestrales ante la Asamblea Legislativa sobre el uso de los recursos.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó el lunes 19 de octubre de 2026 la Ley N.º 1778, que autoriza un crédito de $us 200 millones del Banco Mundial para financiar el Proyecto de Protección Económica y Transformación Social en Bolivia. Los recursos están destinados a apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica frente a los efectos de los ajustes y las reformas económicas.
El financiamiento corresponde al Convenio de Préstamo 9927BO, suscrito entre el Estado boliviano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo integrante del Grupo Banco Mundial.
Entre los beneficiarios previstos figuran quienes reciben el Bono PEPE I, el Bono Juana Azurduy, el Bono Anual de Indigencia para personas con discapacidad visual, las personas registradas con discapacidad grave o muy grave y los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad en la categoría de no rentistas.
El proyecto también contempla un beneficio para padres, madres o tutores legales de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, bajo la modalidad de una transferencia por grupo familiar.
¿En qué se utilizarán los $us 200 millones?
Durante el tratamiento del convenio en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, explicó que la mayor parte del financiamiento se destinará directamente a las transferencias económicas para los beneficiarios.
De acuerdo con su exposición, la distribución prevista es la siguiente:
- $us 192 millones para transferencias económicas vinculadas al Bono PEPE y otros programas sociales.
- $us 8 millones para fortalecer el sistema de protección social y financiar la gestión del proyecto.
El convenio establece un plazo de 23 años para el préstamo, incluidos 14 años de gracia, mientras que el periodo previsto para los desembolsos será de cuatro años.
El Bono PEPE registró más de 2,2 millones de pagos
Los datos presentados por Navarro muestran el alcance que tuvo el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Según el viceministro, el beneficio habilitó a más de 2,3 millones de personas y llegó al 95% de los beneficiarios habilitados.
Por su parte, las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas señalan que, entre enero y el 5 de octubre de 2026, se contabilizaron 2.210.628 pagos por un total de Bs 1.668,5 millones.
Estos resultados forman parte de los antecedentes expuestos durante el análisis legislativo del crédito, cuyo objetivo es sostener las transferencias sociales dirigidas a hogares que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.
El Gobierno deberá rendir cuentas cada seis meses
La Ley N.º 1778 establece una obligación de seguimiento sobre el uso del financiamiento. El Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deberá presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional informes semestrales, tanto orales como escritos, sobre el uso, destino y ejecución de los recursos del Convenio 9927BO.
Los reportes deberán incluir la documentación de respaldo correspondiente, con el propósito de permitir el seguimiento de los fondos destinados a las transferencias sociales y al fortalecimiento del sistema de protección.
Un registro integrado para identificar a los hogares vulnerables
Otro componente del proyecto contempla la creación de un registro integrado de beneficiarios, con información interconectada y actualizada para identificar a los hogares en situación de vulnerabilidad.
Según explicó Navarro, esta herramienta permitirá mejorar la orientación de la asistencia estatal y facilitar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno cuando se presenten situaciones adversas.
Con la promulgación de la ley, el financiamiento queda respaldado por la norma que aprueba el convenio de préstamo. Su ejecución combinará las transferencias económicas a beneficiarios de programas sociales con medidas para fortalecer la identificación de los hogares que requieren apoyo y el seguimiento del uso de los recursos públicos.
