La Fundación Milenio plantea cambiar la lógica de la formalización en Bolivia para que dejar la informalidad no signifique únicamente asumir más trámites y obligaciones, sino acceder a crédito, nuevos mercados, inversión y oportunidades reales de crecimiento empresarial.
La Paz, Bolivia, septiembre de 2026. Ocho de cada 10 personas ocupadas en Bolivia trabajan en la informalidad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) correspondientes al primer semestre de 2025. El dato vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que va más allá de cuántas personas están fuera de la economía formal: ¿qué gana realmente una empresa cuando decide formalizarse?
Esa es una de las claves del estudio desarrollado por la Fundación Milenio, con apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), dentro del proyecto regional “Avanzando las libertades económicas en América Latina”.
El planteamiento parte de una realidad concreta. En Bolivia, la informalidad, la baja productividad y el escaso crecimiento empresarial forman un círculo que afecta especialmente a los negocios de menor tamaño. Romperlo, sostiene la investigación, requiere que la formalidad deje de percibirse únicamente como un conjunto de obligaciones y se convierta en una vía para vender más, acceder a financiamiento, invertir, contratar trabajadores y ampliar mercados.
Formalizarse no debería ser el final del trámite, sino el comienzo de una oportunidad
Para una pequeña empresa, obtener un NIT, registrarse, conseguir permisos y cumplir con diferentes obligaciones no garantiza por sí mismo mejores clientes, acceso al crédito o crecimiento.
El registro formal puede ser un requisito para participar en determinados mercados, pero no asegura que esas oportunidades aparezcan automáticamente.
Por eso, la Fundación Milenio propone entender la formalización como una trayectoria económica. Es decir, un proceso mediante el cual una empresa pueda avanzar progresivamente hacia mayores niveles de ventas, productividad, empleo, inversión y acceso a financiamiento.
La evidencia analizada muestra que las empresas con mayores niveles de formalidad tienden a ser también más grandes y productivas. Asimismo, registran mayores ventas, generan más empleo y presentan mejores posibilidades de acceder al crédito.
El desafío está entonces en cambiar la relación entre costos y beneficios. Para los pequeños negocios, los beneficios de cumplir las reglas necesitan ser suficientemente visibles y concretos para superar los costos económicos y administrativos que implica hacerlo.
“Cuando las personas pueden decidir cómo trabajar, producir, invertir y competir con el menor número de obstáculos innecesarios, se crean las condiciones para que los habitantes de un país puedan prosperar”, afirmó Morgan King, gerente de Programas para América Latina y el Caribe de CIPE.
El problema no termina en el registro
La discusión sobre la informalidad suele concentrarse en cómo conseguir que más empresas y trabajadores ingresen a la economía formal. Sin embargo, el estudio plantea mirar también qué sucede después.
Una empresa puede cumplir los requisitos administrativos y continuar enfrentando dificultades para acceder a crédito, conseguir nuevos clientes, invertir o ampliar su actividad.
Desde esta perspectiva, la formalidad adquiere valor cuando abre puertas.
Henry Oporto, director ejecutivo de la Fundación Milenio, explicó que esta visión forma parte de lo que la institución denomina “libertad económica efectiva”: la posibilidad real de que una empresa pueda desarrollar sus actividades bajo reglas previsibles y con costos que no terminen convirtiéndose en una barrera para su crecimiento.
El planteamiento también cambia el foco de la discusión. No se trata únicamente de reducir las cifras de informalidad, sino de crear condiciones para que las empresas encuentren razones económicas concretas para formalizarse y permanecer dentro de ese sistema.
Menos costos y más posibilidades para crecer
La Fundación Milenio identifica varias condiciones que considera necesarias para reducir la informalidad de manera sostenible.
Entre ellas están la simplificación y reducción de los costos de los trámites, un mejor acceso al financiamiento, mayores oportunidades para llegar a nuevos mercados y una mayor seguridad jurídica para las inversiones, los activos y los contratos.
La lógica propuesta busca modificar el círculo actual. En lugar de una relación entre informalidad, baja productividad y poco crecimiento, el objetivo es generar una dinámica en la que la formalidad contribuya a impulsar inversión, productividad, expansión empresarial y empleo.
Pero ese cambio no depende exclusivamente de los empresarios.
Las instituciones públicas también tienen un papel determinante, tanto en el diseño de las normas como en la forma en que estas se aplican. Una regulación puede convertirse en una herramienta para facilitar la actividad económica o, por el contrario, en un obstáculo para quienes intentan cumplirla.
La realidad de una empresa no siempre cabe en un formulario
Esta preocupación también apareció en las conclusiones de “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre las libertades económicas”, realizado el 17 de septiembre en Bogotá, donde se analizaron investigaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.
Uno de los puntos comunes identificados en los cinco países fue la necesidad de que las decisiones públicas incorporen mejor las experiencias de quienes trabajan, producen e invierten.
Para una pequeña empresa, no es lo mismo que un funcionario conozca los requisitos de formalización desde un escritorio a que conozca cuánto tiempo tarda realmente un trámite, cuánto cuesta, qué documentos debe presentar, qué dificultades encuentra el empresario y qué necesita después para crecer.
Por ello, entre los planteamientos discutidos aparecen una mayor descentralización acompañada de instituciones locales con capacidad técnica y mecanismos efectivos para escuchar a empresas, trabajadores y ciudadanos.
La descentralización, bajo esta mirada, no consiste solamente en trasladar decisiones desde el nivel nacional hacia los territorios. También requiere que las instituciones locales tengan información, personal capacitado y herramientas para comprender las características de las economías de cada región.
Digitalizar un trámite no siempre significa simplificarlo
Otro de los aprendizajes del foro está relacionado con la aplicación de las normas.
El problema no necesariamente está en la cantidad de reglas. También puede estar en que sean confusas, rígidas, insuficientes o interpretadas de manera diferente por distintas instituciones.
Para un empresario, esto puede traducirse en más visitas a oficinas, documentos repetidos, mayores costos y dudas sobre qué debe hacer para cumplir correctamente.
Por eso, las propuestas incluyen mayor transparencia, capacitación de funcionarios y empresarios, simplificación de procesos, digitalización, evaluación del impacto de nuevas regulaciones y diálogo permanente entre instituciones públicas y actores económicos.
Aquí aparece una premisa particularmente relevante: simplificar antes de digitalizar.
Trasladar un trámite complejo a una plataforma digital no necesariamente lo hace más sencillo si mantiene requisitos innecesarios, procesos duplicados o la obligación de entregar varias veces la misma información.
La formalidad puede convertirse en una puerta, no solamente en una obligación
En Bolivia, donde ocho de cada 10 personas ocupadas se encuentran en la informalidad según el dato citado de la OIT, la discusión adquiere una dimensión que alcanza directamente a pequeños negocios, trabajadores y empresas que buscan crecer.
Si formalizarse significa únicamente asumir nuevos costos y obligaciones, los incentivos para permanecer en la informalidad pueden mantenerse.
Pero si cumplir las reglas permite acceder a crédito, llegar a nuevos clientes, participar en mercados, invertir y ampliar la actividad, la formalidad puede adquirir un valor económico concreto.
Por eso, el desafío que plantea el estudio no consiste únicamente en conseguir que más personas entren al sistema formal. También pasa por conseguir que entrar y permanecer en la formalidad tenga sentido para quienes producen, invierten y generan empleo.
La pregunta de fondo queda planteada de manera sencilla: ¿qué obtiene una empresa cuando cumple las reglas y qué tan fácil es avanzar después de cumplirlas?
La respuesta puede determinar si la formalidad continúa siendo percibida como una carga o si logra convertirse en una puerta hacia más productividad, financiamiento, inversión, empleo y crecimiento empresarial.