El Viceministerio de Transparencia abrió una línea de investigación contra Ana Gloria Rojas por presuntas irregularidades en actuaciones judiciales que incluyen la suspensión de una audiencia por un caso de posible daño económico de más de Bs 190 millones y antecedentes relacionados con el entorno de dos investigados por narcotráfico.
La suspensión de una audiencia por un presunto daño económico de más de Bs 190 millones puso bajo investigación a la jueza Ana Gloria Rojas. El Gobierno nacional anunció este lunes la apertura de una línea investigativa para revisar sus actuaciones judiciales, entre ellas decisiones vinculadas al exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, y a personas relacionadas con los casos de Sebastián Marset y Pedro Montenegro.
El anuncio fue realizado por el viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, quien cuestionó la suspensión de la audiencia de medidas cautelares de Fernández, que fue reprogramada.
El exalcalde está imputado por la presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones destinados a la ejecución de 17 obras públicas municipales. La investigación busca establecer las circunstancias que motivaron la suspensión de la audiencia y verificar si las actuaciones de la autoridad judicial se ajustaron a la normativa.
“En primer lugar, la cuantía del posible daño económico que en este caso estaría por resolverse, supera los 190 millones de bolivianos”, afirmó García, al señalar la gravedad que tendría el caso de acuerdo con la normativa vigente.
El viceministro sostuvo que existen cuestionamientos sobre los mecanismos que sustentaron la suspensión de la audiencia y señaló que la investigación se abrirá en el marco del Decreto Supremo 5749.
Los antecedentes judiciales vinculados al caso Marset
La revisión de las actuaciones de Rojas también comprende una resolución emitida en 2022 que favoreció la libertad de Diego Marset, hermano de Sebastián Marset. Diego había sido detenido por tramitar una identidad falsa bajo el nombre de Gerardo Pedro Ferreira.
En su momento, la jueza defendió públicamente su decisión y argumentó que había actuado a partir de la solicitud y el requerimiento de la Fiscalía en la imputación.
García indicó que la revisión de antecedentes permitió identificar actuaciones anteriores del mismo juzgado relacionadas con la concesión de medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de un hermano de Sebastián Marset.
“Este mismo juzgado habría estado a cargo de la otorgación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor de un hermano del señor Marset”, manifestó el viceministro.
Las decisiones que involucraron al entorno de Pedro Montenegro
Otro de los antecedentes que será considerado corresponde a 2019, cuando Rojas estuvo a cargo de las primeras etapas procesales de personas vinculadas al narcotraficante Pedro Montenegro.
En ese periodo, la jueza dispuso detención domiciliaria y fianzas para mujeres relacionadas con el entorno de Montenegro, entre ellas Giovanka Fernández, esposa del empresario Mauricio Higa, y la modelo Adriana Méndez.
Ambas estaban imputadas por asociación delictuosa, encubrimiento y confabulación, en relación con viajes financiados por el narcotraficante.
Estos antecedentes, junto con las decisiones vinculadas al caso Marset y la reciente suspensión de la audiencia de Fernández, motivaron al Gobierno a anunciar una revisión más amplia de las actuaciones judiciales de Rojas.
Tres procesos disciplinarios seguían en trámite en 2025
García también informó que los registros de la magistrada reflejarían tres procesos disciplinarios en trámite durante 2025 por supuestas faltas graves. Según el viceministro, ninguno había concluido, por lo que el Gobierno verificará las circunstancias que motivaron el inicio y el desarrollo de esos procedimientos internos.
La revisión buscará establecer si existieron demoras injustificadas y cuáles fueron las razones por las que los procesos disciplinarios no llegaron a una conclusión.
El viceministro remarcó que el Estado considera necesario examinar de manera exhaustiva los antecedentes y las actuaciones de la autoridad judicial, especialmente por la magnitud del posible daño económico atribuido al caso de las obras municipales.
“Lo que como Estado queremos es que la justicia actúe de manera pronta, de manera oportuna, sin dilaciones indebidas, mucho más cuando el caso comprometería más de 190 millones de bolivianos”, concluyó García.
La apertura de esta línea investigativa no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad contra la jueza. El objetivo anunciado por el Gobierno es revisar los hechos cuestionados, esclarecer las circunstancias de sus decisiones y verificar el estado de los procesos disciplinarios relacionados con su actuación.
