Un sondeo del IBCE expone la contradicción entre la preocupación por el comercio ilícito y los hábitos de consumo. El 90% compra productos de contrabando porque son más baratos, mientras el 91% percibe que su presencia en mercados y ferias ha aumentado.
El contrabando es considerado un problema grave por la mayoría de los ciudadanos, pero eso no impide que una parte importante de ellos siga comprando productos ilegales. Esta contradicción quedó reflejada en un sondeo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que advierte sobre el impacto del comercio ilícito en las empresas formales, el empleo, la recaudación fiscal y la seguridad de los consumidores en Bolivia.
La encuesta, realizada entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026 y con cerca de 1.100 respuestas, forma parte de un estudio sobre contrabando y falsificación de productos que la institución prevé presentar en noviembre.
Los resultados muestran que el 53% de los encuestados considera que el contrabando está descontrolado en el país, mientras que el 40% lo califica como alto. En conjunto, el 93% identifica una situación grave. Además, el 91% afirma que la presencia de mercancías de contrabando en mercados y ferias ha aumentado.
Sin embargo, la preocupación ciudadana contrasta con los hábitos de consumo. El 67% reconoce que compra productos de contrabando a sabiendas, según los resultados difundidos por el IBCE. El 90% señala que el principal motivo para adquirirlos es su menor precio, mientras que el 88% desconoce si los productos que compra son o no de contrabando.
A esto se suma que el 83% reconoce que el comercio ilícito perjudica a Bolivia y que una proporción similar identifica sus efectos sobre las empresas formales, la pérdida de empleos y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población mediante los impuestos. Asimismo, siete de cada diez encuestados aceptan que comprar productos de contrabando es ilegal, aunque ello no necesariamente modifica su comportamiento.
“Que un 93% diga que la informalidad y el contrabando constituyen un problema estructural grave; que el 83% reconozca que esto perjudica a Bolivia, y, sensiblemente, un 67% compre de contrabando a sabiendas”, advirtió Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, al presentar los resultados.
Para el ejecutivo, esta conducta debe analizarse al diseñar políticas públicas, especialmente en un contexto en el que la precarización de los ingresos puede influir en las decisiones de compra. El desafío, sostuvo, consiste en reducir la distancia entre el reconocimiento del daño que provoca el contrabando y las prácticas cotidianas de consumo.
Ropa, alimentos y celulares figuran entre los productos más vinculados al contrabando
El sondeo también identificó los rubros que los ciudadanos asocian con mayor frecuencia al comercio ilícito. La ropa, las confecciones y el calzado encabezan la lista, con el 69% de las respuestas, seguidos por alimentos y abarrotes, con el 65%.
Los electrodomésticos y celulares alcanzan el 56%, mientras que los detergentes y productos de limpieza registran el 55%. Las bebidas representan el 49%; los medicamentos e insumos de salud, el 35%; y los muebles, el 18%.
Para el IBCE, la dimensión del problema va más allá de la competencia comercial. El ingreso ilegal de mercancías permite evadir impuestos y obligaciones de registro, perjudica a los negocios que cumplen las normas y reduce los recursos disponibles para financiar servicios públicos como salud, educación y seguridad.
Rodríguez también alertó sobre los riesgos asociados a productos que no ofrecen garantías suficientes de calidad, procedencia o seguridad, especialmente medicamentos, alimentos, bebidas, cosméticos, detergentes, repuestos automotrices y productos eléctricos. En determinadas circunstancias, advirtió, estas mercancías pueden poner en riesgo la salud, la seguridad e incluso la vida de los consumidores.
El comercio ilícito amenaza empleos, inversión y competencia formal
El gerente general del IBCE sostuvo que el contrabando desalienta la inversión, castiga la innovación y genera una competencia desleal contra productores, importadores y comerciantes que operan legalmente. Según su análisis, las redes organizadas de comercio ilícito aprovechan la evasión de obligaciones para competir en condiciones que perjudican a las empresas formales.
El impacto también alcanza al empleo. Cuando los negocios legales pierden mercado frente a mercancías que ingresan o se comercializan al margen de la normativa, se debilita su capacidad de sostener puestos de trabajo, invertir y ampliar sus operaciones.
Rodríguez planteó, además, que el problema tiene una dimensión cultural y de responsabilidad individual. A su juicio, elegir un producto únicamente por su precio, sin considerar su origen o calidad, puede contribuir al debilitamiento de empresas y empleos formales.
“Combatir el contrabando es defender la economía, el empleo, la salud, la dignidad y el futuro de Bolivia”, afirmó el ejecutivo al explicar la importancia de enfrentar el comercio ilícito desde una perspectiva económica y social.
El IBCE presentará en noviembre un estudio sobre contrabando y falsificación
La investigación que el IBCE prevé presentar en noviembre partirá de un diagnóstico sobre la situación del contrabando y la falsificación en Bolivia. El documento también propondrá acciones de corto, mediano y largo plazo para enfrentar ambas problemáticas y buscar un equilibrio entre las responsabilidades del Estado y las de los ciudadanos.
La iniciativa incluirá un segundo sondeo, esta vez centrado en la falsificación de productos, con el propósito de ampliar el análisis de dos fenómenos que afectan a la economía, la competencia comercial y la protección de los consumidores.
Rodríguez consideró que el nuevo ciclo político debe acompañarse de un cambio económico basado en principios de legalidad y responsabilidad. En ese escenario, señaló que corresponde al Estado garantizar condiciones para que las empresas puedan invertir, innovar, comerciar y generar empleos dignos con productos seguros.
A los consumidores, agregó, les corresponde asumir decisiones de compra responsables y respetar la legalidad.
El desafío que dejan los resultados del sondeo es claro: si bien existe una amplia percepción de que el contrabando perjudica al país, los precios bajos siguen siendo un incentivo para comprar mercancías de origen ilegal. Reducir esa contradicción exigirá combinar controles estatales, políticas públicas, protección al consumidor y condiciones que favorezcan el acceso a productos legales.
