Diego Ávila y Roberto Castro también solicitaron información oficial al Gobierno de Estados Unidos y una sesión urgente de la Asamblea Legislativa para analizar el caso y definir los mecanismos institucionales que correspondan.
Los señalamientos difundidos por el Gobierno de Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, ya provocaron una primera respuesta institucional en Bolivia. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, pidieron que Mariaca se aparte temporalmente del ejercicio de sus funciones mientras se esclarecen las acusaciones.
La solicitud fue planteada este lunes durante una conferencia de prensa conjunta, después de que Estados Unidos difundiera los señalamientos y anunciara restricciones de visa contra Mariaca.
Para los titulares de ambas cámaras, el apartamiento permitiría que las investigaciones que eventualmente correspondan se desarrollen con independencia y transparencia. Al mismo tiempo, remarcaron que una acusación no equivale a una sentencia y que antes de establecer responsabilidades corresponde conocer la información oficial, verificar los antecedentes y activar los mecanismos previstos por ley.
“La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, afirmó Ávila.
El presidente del Senado sostuvo que la solicitud de apartamiento busca precisamente evitar posibles interferencias durante el esclarecimiento de los hechos.
“En resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia de la justicia y la transparencia de las investigaciones, consideramos que es necesario que mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones”, señaló.
Ávila agregó que el alejamiento debería permitir que cualquier investigación avance “con plena independencia. Sin interferencias ni privilegios”, bajo el principio de búsqueda de la verdad material y respeto al debido proceso.
“Bolivia necesita información oficial, cooperación entre Estados y una respuesta institucional transparente”, enfatizó.
Buscan conocer qué sustenta las acusaciones
La respuesta planteada por los presidentes de ambas cámaras incluye también una gestión por la vía diplomática. Ávila y Castro solicitaron al ministro de Relaciones Exteriores que gestione ante el Gobierno de Estados Unidos el envío de toda la información oficial, documentación y antecedentes disponibles relacionados con los señalamientos contra Mariaca.
El objetivo es que las instituciones bolivianas puedan conocer directamente el alcance de las acusaciones y los elementos que las sustentan, antes de avanzar con eventuales decisiones institucionales.
A esto se suma el pedido de una sesión urgente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ambos presidentes solicitaron por escrito al vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente de la ALP, que convoque a los legisladores para incorporar el caso en el orden del día y analizar los mecanismos de investigación y seguimiento que correspondan.
Castro insistió en que la Asamblea no pretende anticipar responsabilidades ni reemplazar las competencias de fiscales o jueces.
“No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se presenten los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, afirmó.
El presidente de Diputados también sostuvo que cualquier respuesta institucional debe aplicarse sin considerar la jerarquía o posición de la persona involucrada.
“No debe existir protección por jerarquía, influencia o cercanía política. Si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley. Si los señalamientos no tienen sustento, corresponde explicarlo ante el país”, señaló.
De esta manera, el planteamiento de las presidencias del Senado y Diputados se concentra en tres acciones: el apartamiento de Mariaca mientras se esclarecen los hechos, la solicitud de información oficial a Estados Unidos y la convocatoria urgente de la Asamblea Legislativa.
La posición expresada por ambas cámaras no establece culpabilidad sobre el fiscal general, sino que plantea mecanismos institucionales para obtener información, determinar el sustento de los señalamientos y definir, conforme a la ley, las acciones que correspondan.
Fuente: Prensa Senado | 28 de septiembre de 2026.
