La Asamblea de la Cruceñidad aprobó un pronunciamiento que exige la restitución de competencias, una mayor participación de las regiones en el PGE 2027 y cambios en la política de combustibles. El documento advierte con movilizaciones y un eventual cabildo si el Gobierno nacional no atiende sus demandas.
La Asamblea de la Cruceñidad elevó el tono de sus demandas frente al Gobierno nacional y puso nuevamente la autonomía en el centro de la agenda política. En una resolución aprobada el 9 de septiembre, el movimiento cívico cruceño cuestionó el modelo centralista y vinculó la crisis económica y el desabastecimiento de combustibles con la concentración de competencias y recursos en el nivel central del Estado.
El pronunciamiento sostiene que el país atraviesa una crisis marcada por la escasez de combustibles, la falta de divisas, el desabastecimiento de insumos básicos y dificultades que afectan a la producción, la salud y la economía.
A partir de este diagnóstico, la Asamblea exige la restitución inmediata de competencias y recursos que, según el documento, corresponden constitucionalmente a gobernaciones, municipios y universidades en áreas como salud, educación e infraestructura.
El 50-50 para el presupuesto de 2027
Uno de los principales planteamientos apunta al Presupuesto General del Estado 2027. La Asamblea exige la incorporación inmediata del denominado 50-50, mediante el cual propone que el 50% de los recursos generados en las regiones permanezca en los departamentos para ser administrado por gobernaciones, municipios y universidades públicas.
El documento señala que esos recursos deberían permitir financiar obras y servicios, entre ellos hospitales, escuelas y caminos.
La demanda también incluye una reforma en el mercado de combustibles. La Asamblea reclama la liberación de la importación, distribución y comercialización de carburantes, además de la eliminación de impuestos que, según su planteamiento, encarecen el producto para los consumidores.
A esto suma la promoción urgente de biocombustibles, etanol y la explotación de pozos de crudo para reducir los costos y la dependencia de la importación.
La autonomía vuelve al centro del conflicto
El punto de mayor alcance político aparece cuando la Asamblea sostiene que la “Autonomía de Facto” constituiría una ejecución directa de la Constitución frente a lo que califica como centralismo.
El pronunciamiento también faculta al presidente del Comité pro Santa Cruz para activar, en coordinación con instituciones y sectores de la cruceñidad, medidas escalonadas de presión si las demandas no son atendidas.
La resolución fija además el 10 de octubre como “Día de la Democracia”, jornada en la que convoca a los ciudadanos a movilizarse en las calles para reclamar lo que considera que el centralismo le ha quitado al departamento.
Y deja planteada una instancia todavía más fuerte: la convocatoria a un cabildo, en caso de que el Gobierno nacional no responda a las demandas.
Una advertencia con alcance nacional
Más allá de las demandas económicas, el pronunciamiento representa un intento de reabrir el debate sobre la relación entre el Gobierno central y las regiones. Santa Cruz plantea que la solución a la crisis no pasa únicamente por medidas económicas, sino también por una redistribución de competencias, recursos y capacidad de decisión.
El desafío estará ahora en determinar cuánto de esta agenda puede ser negociado institucionalmente y qué medidas podrían requerir modificaciones legales o constitucionales.
La resolución deja, en definitiva, una advertencia política: si no existe respuesta del nivel central, la dirigencia cruceña está dispuesta a pasar del reclamo institucional a la movilización y a profundizar su demanda autonómica.
