El Presupuesto General del Estado reformulado 2026 dio el último paso en la Asamblea Legislativa. La Cámara de Senadores sancionó la norma por mayoría absoluta y dejó el proyecto listo para su remisión al Órgano Ejecutivo, donde deberá ser promulgado para entrar en vigencia.
La decisión se produjo este miércoles 29 de julio, durante la 150.ª sesión ordinaria del Senado, después de una jornada marcada por el análisis técnico de la propuesta y las posiciones de las distintas bancadas. Con la sanción, el tratamiento legislativo del PGE reformulado queda concluido.
El proyecto contempla nueve artículos y cinco disposiciones que modifican aspectos relacionados con la administración de los recursos públicos. Entre ellos están los anticipos financieros de las entidades territoriales autónomas, los saldos de caja y bancos del Sistema Único de Salud, las obligaciones vinculadas al Impuesto Directo a los Hidrocarburos y la inscripción de recursos específicos.
Otro de los puntos de mayor alcance es el régimen excepcional previsto para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado. La propuesta también contempla el cierre de fideicomisos públicos y la conversión de obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva.
Antes del desenlace legislativo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, presentó ante los senadores los alcances económicos y administrativos de las modificaciones y respondió consultas relacionadas con la distribución y el uso de los recursos.
El paso que sigue ahora es clave. Con el Senado ya pronunciado, el PGE reformulado 2026 deja el escenario legislativo y pasa al Ejecutivo para su promulgación. En términos prácticos, el debate deja de centrarse en si la modificación presupuestaria será aprobada y pasa a la etapa de aplicación de las nuevas disposiciones.
El trámite había comenzado en la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto en grande y en detalle el 4 de julio y lo remitió al Senado para su revisión constitucional. La propuesta incluye, entre otros aspectos, modificaciones financieras para entidades territoriales autónomas, salud, empresas públicas y fideicomisos.
Así, el PGE reformulado 2026 queda a un paso de convertirse en norma promulgada y abre una nueva etapa para la administración de los recursos públicos durante la gestión.
