El Instituto Boliviano de Comercio Exterior cuestiona la retención y posterior incineración de 59 contenedores de madera exportada por el puerto de Arica. Gary Rodríguez advierte sobre un daño económico de $us 15 millones, la afectación de 20 mercados y reclama acciones jurídicas y diplomáticas.
La quema de maderas bolivianas retenidas en Chile abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el proceso que involucra a 59 contenedores exportados por el puerto de Arica. Para el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la incineración de las cargas antes de que concluya la investigación puede comprometer evidencia fundamental para determinar si realmente existieron sustancias controladas impregnadas en la madera.
Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, calificó la situación como una “iniquidad” y expresó su indignación por lo que considera un procedimiento que impidió a las empresas bolivianas ejercer plenamente su derecho a la defensa.
El conflicto se arrastra desde principios de año, cuando los contenedores fueron retenidos en Chile bajo la acusación de que las maderas estaban impregnadas con sustancias controladas. Según Rodríguez, hasta ahora no se permitió que las empresas afectadas obtuvieran muestras de sus cargas para realizar peritajes independientes con organismos internacionales.
El IBCE recuerda que la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) y otras entidades del sector privado cuestionaron desde el inicio la retención y respaldaron sus argumentos con estudios científicos y opiniones de expertos internacionales. Entre ellos figura el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), organismo público de Francia.
En junio, el Gobierno boliviano solicitó un peritaje internacional para esclarecer el caso. Sin embargo, según Rodríguez, esa posibilidad no se concretó.
La quema de las cargas genera nuevas dudas
El principal cuestionamiento del IBCE ahora apunta a la decisión de continuar con la incineración de las maderas pese a que la Fiscalía Regional de Arica había instruido al Ministerio de Salud Pública suspender la quema como medida precautoria mientras continuaba la investigación.
Para Rodríguez, la actuación de Carabineros genera interrogantes sobre la preservación de la evidencia y el cumplimiento del debido proceso.
“¿Por qué no se transparentó la investigación desde un inicio? ¿Por qué no se cumplió con el debido proceso? ¿A qué interés responde la quema de las maderas bolivianas sin dar curso a la defensa?”, cuestionó.
El gerente del IBCE también puso en duda la versión difundida el 8 de junio en Arica, cuando Fiscalía, Armada y Aduana de Chile calificaron el operativo como la mayor incautación histórica de drogas en ese país, con más de 100 kilos de sustancias controladas y un valor estimado de $us 8.000 millones.
Rodríguez sostiene que las investigaciones posteriores y las opiniones de expertos deberían permitir establecer qué ocurrió realmente y si las acusaciones iniciales pueden sostenerse mediante un peritaje imparcial.
Un conflicto que ya tiene impacto económico
Más allá de la disputa sobre las cargas retenidas, el IBCE advierte que el caso tiene consecuencias para el comercio exterior boliviano.
Según Rodríguez, el conflicto habría provocado un daño económico de $us 15 millones, afectado el acceso a 20 mercados, deteriorado la reputación de Bolivia y de sus exportadores de madera y puesto en riesgo miles de empleos vinculados al sector.
El ejecutivo considera que la controversia también trasciende el ámbito empresarial y requiere una respuesta del Estado boliviano.
Por ello, plantea una estrategia en dos frentes: una acción jurídica internacional y una gestión diplomática al más alto nivel, con el objetivo de defender los intereses de los exportadores bolivianos y esclarecer las circunstancias que rodearon la retención e incineración de las maderas.
Rodríguez cuestionó además que instrumentos destinados a facilitar las relaciones comerciales entre ambos países no hayan evitado la situación, entre ellos el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Para el IBCE, el caso pone en discusión no solo el perjuicio económico para las empresas madereras, sino también la confianza en los procedimientos institucionales y judiciales utilizados para resolver controversias que involucran al comercio bilateral.
“Lo que están haciendo en Chile con las maderas bolivianas, es una iniquidad”, concluyó Rodríguez.
