El debate sobre el futuro de los insumos agropecuarios en Bolivia suma un nuevo capítulo. La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) se reunió con el director nacional ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Ronny Salvatierra, en un encuentro que también contó con la participación regional de CropLife Latin America.
La cita, realizada en instalaciones de APIA, puso sobre la mesa una agenda técnica enfocada en fortalecer la regulación, el control y la sostenibilidad del sector, en un momento clave en el que el país avanza en la implementación de normativa comunitaria andina.
Uno de los puntos centrales fue incorporar una mirada regional alineada a estándares internacionales, especialmente en procesos de registro, reevaluación y control de Productos Químicos de Uso Agrícola (PQUA). Desde CropLife, Juan Cruz Jaime destacó que el objetivo es acompañar la apertura que atraviesa Bolivia, aportando experiencias aplicadas en otros países para agilizar el sistema, en el marco de la prórroga otorgada por la Comunidad Andina.
En ese contexto, APIA planteó la necesidad de acelerar los procesos de registro y reevaluación, considerando el plazo vigente hasta el 25 de junio de 2028, en línea con la Decisión 943 de la CAN y las resoluciones administrativas 188/2025 y 202/2025 del Senasag.
Otro eje clave fue el fortalecimiento institucional. El sector propuso incorporar profesionales especializados en evaluación de dossiers y análisis de riesgo-beneficio, con el fin de mejorar la capacidad operativa del Senasag frente al volumen de trámites que implica el proceso de reevaluación.
La agenda también incluyó propuestas de reforma y descentralización, como la posibilidad de instalar una oficina técnica en Santa Cruz y reforzar la coordinación con el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Medio Ambiente, buscando evaluaciones más ágiles y basadas en criterios científicos.
Desde el Senasag, Salvatierra señaló que ya se impulsa una modificación a la resolución interministerial vigente, que será presentada ante el Comité Técnico de plaguicidas, en coordinación con los ministerios de Desarrollo Productivo, Salud y Medio Ambiente. La intención es avanzar en una normativa actualizada en conjunto con el sector productivo.
El encuentro también abordó un problema crítico: el comercio ilegal de insumos agropecuarios. Este fenómeno no solo golpea al sector formal, sino que genera riesgos para la salud, el medio ambiente y la producción nacional. En ese marco, se planteó reforzar la articulación entre entidades como el Senasag, el INIAF, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y la Aduana Nacional.
En paralelo, APIA impulsa medidas económicas como el diferimiento del gravamen arancelario a cero por ciento para la importación de plaguicidas (partida 38.08), además de gestiones sobre registros de PQUA emitidos por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO).
El presidente de APIA, Martín Azcarrunz, advirtió que un reciente estudio evidencia cifras alarmantes sobre el contrabando de insumos agrícolas. En ese escenario, el sector espera que el Gobierno avance en medidas como aranceles cero, que podrían traducirse en mejores precios para los productores.
El encuentro deja claro que el desafío no es menor: ordenar el mercado, fortalecer la institucionalidad y garantizar reglas claras en un sector clave para la producción de alimentos en Bolivia.
