La Paz, 3 de marzo de 2026 (AN-YPFB). La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos confirmó que 410 funcionarios fueron desvinculados como parte de un proceso de reestructuración técnica que, según la actual administración, apunta a optimizar recursos, elevar la eficiencia operativa y reforzar la transparencia institucional.
La medida no solo implica una reducción de personal. De acuerdo con la empresa, varios de los exfuncionarios enfrentan procesos por presuntamente haber afectado operaciones estratégicas de la petrolera. En algunos casos, las investigaciones ya avanzan con medidas cautelares.
El presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, sostuvo que la reestructuración busca “racionalizar la estructura de la empresa, corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos”, además de procesar a quienes hubieran provocado daño económico o técnico.
Designaciones irregulares y presunto blindaje político
Un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo señala que la anterior administración habría designado de forma irregular a funcionarios cercanos al Movimiento al Socialismo en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. El objetivo —según la denuncia— habría sido proteger a determinados servidores y generar inestabilidad interna.
La actual gerencia, en coordinación con el área legal, activó procedimientos para anular esas designaciones.
Además, se detectaron movimientos de cargos jerárquicos hacia posiciones de menor responsabilidad, presuntamente para encubrir a determinados funcionarios dentro de la estructura organizativa. También existen indicios de nepotismo, con ingresos facilitados a familiares. Actualmente, se revisa la documentación de varios trabajadores para verificar si cumplen con los perfiles profesionales requeridos.
La administración remarcó que ética, honestidad y respeto a la función pública son pilares centrales de la nueva gestión.
Gasolina bajo la lupa y denuncias de sabotaje
YPFB vinculó los recientes problemas en la calidad de la gasolina —que derivaron en denuncias de conductores por fallas en motores y bajo rendimiento— a un presunto sabotaje interno organizado.
Según la empresa, estos hechos formarían parte de un plan para desestabilizar tanto a la compañía como al Gobierno. La actual administración sostiene que durante 20 años la estatal fue convertida en un espacio de influencia política, lo que afectó su capacidad técnica y operativa, y que aún persiste una estructura heredada que obstaculiza el proceso de cambio.
Desde el Gobierno se confirmó que ya se iniciaron investigaciones y denuncias formales, y que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables de delitos que perjudiquen a la población.
Medidas anticorrupción desde noviembre de 2025
Desde el 11 de noviembre de 2025, YPFB puso en marcha un paquete de acciones anticorrupción:
- Acompañamiento a investigaciones fiscales por la venta irregular de combustible en el Distrito Comercial Amazónico.
- Participación en la Comisión de la Verdad en los casos Botrading I y Ampliación Botrading II, con nuevas líneas investigativas.
- Intervención de distritos comerciales.
- Investigación permanente de denuncias por presunto boicot interno, con funcionarios y exfuncionarios bajo pesquisa del Ministerio Público.
- Control físico de todas las plantas mediante intervención del Ejército.
La estatal reafirmó su compromiso con una gestión técnica y transparente para recuperar la confianza ciudadana en la empresa estratégica más importante del país. Entre las acciones ya implementadas figuran mejoras técnicas en combustibles con aditivos, mayores controles de calidad y la activación del seguro solidario, medidas que —según la empresa— buscan garantizar el abastecimiento y responder a las denuncias de los usuarios.
