La discusión sobre la importación de soya en Bolivia vuelve a encenderse y desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) buscan despejar dudas en el sector. La institución aseguró que el Decreto Supremo 5547, que fija arancel cero para la importación de grano de soya hasta el 31 de diciembre de 2026, no autoriza el ingreso al país de granos con eventos de biotecnología que no estén aprobados en Bolivia.
Según explicó el presidente de Anapo, Abraham Nogales, los granos producidos en países del Mercosur —como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— contienen en muchos casos eventos biotecnológicos que aún no cuentan con aprobación en el país, por lo que su importación no está permitida dentro del actual marco regulatorio.
Nogales recordó que el Reglamento de Bioseguridad, normativa vigente para la introducción de biotecnología en Bolivia, establece que la autoridad sanitaria, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), no puede emitir permisos fitosanitarios para la importación de granos con eventos biotecnológicos que no hayan sido aprobados ni autorizados oficialmente.
En ese marco, la organización informó que ya comunicó esta preocupación al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua —como cabeza del sector— y al Senasag, solicitando que se tomen las acciones necesarias para evitar la emisión de permisos de importación de soya con eventos biotecnológicos no autorizados.
Desde Anapo advierten que permitir ese ingreso iría en contra de la normativa vigente y generaría una competencia desleal para el productor boliviano, que actualmente produce bajo las condiciones regulatorias establecidas en el país.
La institución también subrayó que el Decreto Supremo 5547 no modifica las condiciones estructurales del mercado ni justifica una reducción en el precio que recibe el productor nacional.
Nogales explicó que Bolivia ya mantiene arancel cero para la importación de productos provenientes de países del Mercosur desde hace varios años, por lo que la reciente medida gubernamental no representa un cambio sustancial en el régimen comercial vigente.
Ante este escenario, Anapo pidió evitar interpretaciones que generen incertidumbre en el mercado y reiteró que la negociación de precios debe basarse en información objetiva y en las condiciones reales de oferta y demanda.
“El productor debe tener la tranquilidad de que esta medida no modifica las reglas económicas del mercado. No hay fundamentos técnicos que respalden que vaya a afectar una reducción del precio”, concluyó Nogales.
