Cinco investigaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala revelan cómo la burocracia, la informalidad, la debilidad institucional y la aplicación imprevisible de las normas elevan costos y dificultan que personas y empresas inviertan, produzcan y crezcan.
América Latina enfrenta un desafío que va más allá de crear nuevas leyes: hacer que las reglas económicas sean realmente aplicables y se conviertan en oportunidades para quienes producen, invierten y generan empleo.
Esa es una de las principales conclusiones del foro regional “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre libertades económicas”, realizado el 17 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el liderazgo del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Colombia).
El encuentro reunió investigaciones sobre Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala, cuyos resultados muestran un problema común: reconocer derechos o establecer procedimientos no garantiza que las oportunidades económicas sean accesibles.
Para que las reglas funcionen, deben ser claras, previsibles, proporcionales y posibles de cumplir.
Norman Loayza, director del Grupo de Política Económica del Banco Mundial, destacó durante el foro la importancia de contar con instituciones sólidas, seguridad jurídica, un entorno favorable para los negocios y capital humano como condiciones para fortalecer el desarrollo y la resiliencia económica.
Cinco países muestran dónde está la brecha
Los estudios presentados permiten observar cómo esa distancia entre las normas y la realidad se manifiesta de diferentes maneras.
Bolivia enfrenta el vínculo entre informalidad y baja productividad
La investigación de Fundación Milenio identificó una relación entre la informalidad, la baja productividad y las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas para crecer.
El estudio plantea que la formalización no debería traducirse únicamente en nuevas obligaciones. Para que resulte efectiva, también tendría que facilitar acceso a financiamiento, mercados, inversión y oportunidades de expansión.
El desafío, por tanto, no sería solamente conseguir que más negocios ingresen a la formalidad, sino generar condiciones para que permanecer dentro de ella sea económicamente viable.
Colombia muestra la distancia entre regular una actividad y generar oportunidades
En Colombia, el Centro de Estudios Manuel Ramírez analizó la situación de los vendedores informales registrados en Bogotá entre 2001 y 2024.
De más de 23.400 vendedores informales registrados, apenas el 1% había sido vinculado a programas de inclusión productiva.
El dato evidencia una brecha entre reconocer o regular una actividad económica y crear mecanismos capaces de conectar a quienes la desarrollan con oportunidades reales de productividad e inclusión.
El Salvador tiene más apertura comercial, pero pocas empresas exportan
En El Salvador, la investigación mostró que, pese al fuerte crecimiento de la apertura comercial, solo el 6,2% de las empresas formales exportó bienes en 2022.
Las pequeñas empresas representaron el 86% de las firmas exportadoras, pero concentraron apenas el 4% del valor exportado.
La diferencia refleja uno de los desafíos recurrentes para las pequeñas empresas latinoamericanas: acceder a mercados internacionales no depende únicamente de que existan acuerdos o apertura comercial, sino también de que las empresas tengan las condiciones necesarias para aprovecharlos.
Guatemala revela cuánto puede pesar un trámite
En Guatemala, el estudio identificó diferencias importantes entre los plazos establecidos oficialmente y los tiempos reales de determinados trámites.
Un caso ilustrativo es el de una licencia sanitaria, que podía demorar entre cinco y ocho meses durante 2025, pese a que el plazo formal se ubicaba entre 15 y 20 días hábiles.
Cuando la diferencia entre el plazo previsto y el tiempo efectivo es tan amplia, el trámite deja de ser únicamente una exigencia administrativa y puede convertirse en un factor de incertidumbre y costo para las empresas.
Argentina enfrenta una estructura tributaria compleja
En Argentina, la investigación identificó 150 tributos, de los cuales 82 corresponden al ámbito municipal.
El análisis también advirtió que aplicar requisitos similares a empresas de tamaños diferentes puede producir costos desproporcionados para los pequeños negocios, que cuentan con menor capacidad para absorber cargas administrativas y regulatorias.
El problema no termina cuando se aprueba una norma
Los cinco estudios apuntan a una conclusión regional: la calidad de una regulación depende también de cómo se implementa.
Procedimientos complejos, requisitos repetidos, cambios frecuentes o interpretaciones diferentes entre instituciones pueden elevar los costos y aumentar la incertidumbre. El efecto puede trasladarse directamente a decisiones relacionadas con la formalización, la inversión y el crecimiento empresarial.
Por eso, el análisis presentado durante el foro plantea que mejorar el entorno económico no significa simplemente reducir reglas, sino hacer que las reglas funcionen mejor.
Entre las recomendaciones planteadas figuran escuchar a quienes desarrollan actividades económicas antes de modificar regulaciones, fortalecer las capacidades institucionales, simplificar los procedimientos antes de digitalizarlos, hacer previsibles los costos y tiempos de los trámites, evaluar el impacto de las nuevas normas y mejorar la coordinación entre las entidades públicas.
América Latina busca medir mejor sus propias barreras
El análisis regional también plantea que los indicadores internacionales de libertad económica no siempre capturan de manera suficiente las particularidades institucionales, jurídicas, económicas y sociales de América Latina.
Ante esta situación, CIPE plantea avanzar hacia un marco de medición que incorpore esas dimensiones y permita identificar con mayor precisión las barreras que afectan a las personas y empresas en cada país.
La organización busca además consolidar una red regional de centros de pensamiento, organizaciones empresariales y expertos para contribuir al diseño de reformas y soluciones adaptadas a las características nacionales.
El punto de fondo no es eliminar las reglas. Es conseguir que las normas cumplan su propósito sin convertirse en obstáculos innecesarios para producir, invertir, formalizarse y crecer.
Cerrar esa distancia requiere instituciones más sólidas, regulaciones más simples y decisiones públicas cuyos costos, tiempos y condiciones sean claros, previsibles y aplicables.
