El Comité Multisectorial emitió este martes un pronunciamiento público en el que exige a las autoridades nacionales garantizar el cumplimiento de la ley, restablecer la libre circulación en todo el país y aplicar medidas urgentes para revertir la crisis económica que afecta a miles de familias bolivianas.
A través de un comunicado, el bloque expresó su rechazo a las medidas de presión que mantienen diferentes rutas del país afectadas, advirtiendo que los bloqueos están profundizando la incertidumbre económica, afectando la producción, el comercio y el normal desarrollo de las actividades laborales.
“El país no puede seguir paralizado por intereses particulares”, señala el pronunciamiento, en el que además se cuestiona que determinados sectores, bajo argumentos que califican como carentes de sustento, mantengan a la población en un escenario permanente de zozobra e incertidumbre.
El Comité sostuvo que estas acciones terminan afectando directamente a los ciudadanos que trabajan diariamente y que apuestan por el desarrollo económico del país, limitando oportunidades de crecimiento y restringiendo el derecho al progreso.
En esa línea, la organización pidió a las autoridades identificar y sancionar con severidad a quienes, según señala el documento, estarían financiando y promoviendo bloqueos que impactan negativamente en la economía nacional y en la estabilidad de las familias bolivianas.
El pronunciamiento también lanzó críticas hacia actores políticos y sectores que, según afirman, buscarían utilizar mecanismos cuestionados para retornar a espacios de poder, priorizando intereses particulares por encima de las necesidades urgentes del país.
Además de exigir el desbloqueo inmediato de las carreteras y vías estratégicas, el Comité Multisectorial demandó la implementación de medidas económicas concretas que permitan cambiar el rumbo actual, reactivar la producción y devolver certidumbre a los diferentes sectores afectados.
La organización remarcó que el momento exige decisiones firmes por parte del Estado para resguardar el derecho al trabajo, la libre circulación y la estabilidad económica de todos los bolivianos.
El pronunciamiento se da en un contexto marcado por crecientes tensiones sociales y preocupación en distintos sectores productivos, que alertan sobre las consecuencias económicas de mantener interrumpidas las principales rutas del país.
