En el campo cruceño se empieza a hablar de oportunidades. La Ley 157, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa y a la espera de su promulgación por el Ejecutivo, se perfila como una herramienta clave para que pequeños productores accedan por primera vez a financiamiento bancario en mejores condiciones. Así lo sostiene la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que agrupa a más de 14.000 agricultores en Santa Cruz.
La norma permite la conversión voluntaria de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, una figura que, según el sector productivo, elimina una de las principales barreras históricas del agro: la imposibilidad de usar la tierra como garantía crediticia.
“El problema es estructural. La pequeña propiedad, al ser inembargable, limita el acceso a financiamiento, tecnología y capital de trabajo. Con esta ley, quienes decidan dar el paso podrán superar esa restricción”, explica Abraham Nogales, presidente de Anapo.
Desde la institución enfatizan que la ley no vulnera derechos ni obliga a ningún productor a modificar su condición. La decisión es completamente voluntaria y se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce la clasificación de la propiedad agraria y sus mecanismos de conversión. El Artículo 394 establece que estas categorías —pequeña, mediana y empresarial— pueden ser reguladas por ley, garantizando los derechos adquiridos.
El proceso de conversión será gestionado ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y, según Anapo, debe ser accesible y sin costos para evitar distorsiones. La organización anunció que hará seguimiento activo a la reglamentación para asegurar que el beneficio llegue al productor real y no fomente la especulación.
Más allá del debate normativo, el sector ve en esta ley una posibilidad concreta para dinamizar la producción de alimentos, mejorar la competitividad y fortalecer la economía. “Bien aplicada, puede convertirse en una herramienta clave para el desarrollo productivo del país”, concluye Nogales.
